Patético país este, donde la única denuncia efectiva contra un miembro de la Corona ha procedido de un grupo derechista, mientras la izquierda política y sindical se salía por la tangente.
Por Rafael Cid
Está muy bien que los Reyes cedan al Patrimonio Nacional los 326 regalos recibidos a lo largo del pasado año. Relojes, corbatas, bolsos, libros, medallas conmemorativas, plumas estilográficas, pañuelos, etc… el chocolate del loro. Pero lo lógico sería que pusieran a disposición de todos los españoles toda la riqueza trashumante de los miembros de la Casa Real cuya procedencia no pueda justificarse, y sobre todo que hagan pública una exhaustiva declaración de bienes para evitar que la Jefatura del Estado se convierta en un negocio a costa de los contribuyentes. Esta es la gran asignatura pendiente de la monarquía española que, por su condición constitucional de irresponsable, vitalicia y hereditaria, se alza como el paradigma del enaltecimiento de la corrupción y el paraíso de la impunidad. Porque un país que se respete no puede ser representado por una dinastía offcourse.
¿Qué más tiene que ocurrir aquí para que se haga luz sobre los negocios inconfesables de la Familia Real? ¿Hasta dónde debe alcanzar la acumulación de indicios en torno al botín borbónico para qué la gente diga basta? ¿Por qué todos los casos de corrupción y chanchullos conocidos se desvanecen en cuanto llegan al umbral de La Zarzuela?
¿Qué extraña anomalía explica que a pesar de los múltiples escándalos que acechan a la monarquía se haya permitido la coña de mantener a un monarca en activo y a otro emérito? ¿No será que la impunidad otorgada a los Reyes en la vigente Constitución entraña hacer de la institución un auténtico paraíso fiscal?
Esa es la verdadera “ley mordaza” de este país. La que se fraguó en 1974 al asumir Juan Carlos de Borbón la Jefatura del Estado a título de Rey, según designio de Franco; continuó con el cuento chino de un 23-F presentando al monarca como el salvador de la democracia; y culminó en 2014 con el esperpento de su generosa abdicación para que todo siga igual. Un periodo de cuarenta años que coincide milimétricamente con el del tiempo de operatividad de la sociedad panameña “Delantera Financiera”, presidida por su hermana Pilar de Borbón, la tía del rey vigente Felipe VI, que figura en los “papeles de Panamá”.
Porque la revelación hecha por un consorcio internacional de hackers del periodismo de investigación no es sino un suma y sigue de las fechorías históricamente atribuidas a la Familia Real, fondo de reptiles que ha permanecido opaco gracias a la democracia de numerus clausus que urdió la Transición. Desde las multimillonarias comisiones obtenidas por las compras de petróleo a las dictaduras árabes por el Estado español, hasta los desfalcos presuntamente perpetrados por la infanta Cristina y su marido en Nóos, con el concurso de funcionarios de la Casa Real, pasando por los negocios de la Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, intimísima del Rey emérito Juan Carlos, todo en el mapa borbónico conspira para hacer caja para la Familia Real. Genuino juego de patriotas.
Enaltecimiento de la corrupción con denominación de origen que siempre ha contado con la protección dolosa de los partidos políticos. Una corte tóxica que arranca de la Primera Transición, cuando en un acto incalificable la oposición socialista y comunista convino en comulgar con la Monarquía del 18 de Julio renunciando al legado de la II República. Se trata de una postura que se ha visto ratificada en la actualidad por la izquierda emergente al eliminar de sus líneas rojas la exigencia de un proceso constituyente. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, dejó clara su opinión en un artículo publicado en el órgano más lúcido de la Marca España: <> (Una nueva Transición. El País. 19 de julio de 2015). Meses antes el secretario general del nuevo partido había hecho pública ostentación de su simpatía por el “soberano” regalándole la serie “Juego de Tronos”.
En estos momentos de interregno, cuando los dirigentes políticos ofertan un ciclo político alejado del bipartidismo dinástico, la única posibilidad de cambio no cosmético reside en acabar con los privilegios de los Borbones. En sus manos está. El caso Gürtel; la trama de los ERES en Andalucía; el asunto Marea en Asturias; la operación Pokémon en Galicia, y otros tantos cientos latrocinios se miran en el espejo sin azogue de la más alta institución de la nación.
Por eso, la primera obligación ética de un nuevo parlamento que opte de verdad por la regeneración democrática debe ser constituir una Comisión de Investigación acerca del enriquecimiento de Familia Real, sin cortapisas ni excepciones. Si no lo hacen, seguiremos creyendo que la Islandia que hace dimitir a su primer ministro por aparecer en los “papeles de Panamá” es una leyenda urbana y que impartir justicia es España consiste en meter en la cárcel a titiriteros y sin papeles.
Patético país este, donde la única denuncia efectiva contra un miembro de la Corona ha procedido de un grupo derechista, mientras la izquierda política y sindical se salía por la tangente. Ahora mismo, a raíz de la masiva filtración de los documentos black hemos sabido que fue el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero quien sacó a la nación centroamericana de la relación de paraísos fiscales para favorecer la contratación de grandes constructoras para las faraónicas obras del canal. Las mismas empresas (Sacyr, FCC, Acciona, OHL, etc.) que junto a la banca cómplice (Santander, BBV, Sabadell, etc.) engrasaron la corrupción en el sector de las obras públicas y cebaron la crisis sistémica que padecemos. Puro morbo, según el diario global en español, cuyo segundo accionista es precisamente el HSBC, la entidad financiera más involucrada en el expolio offsource y líder suprema de la mafiosa lista Falciani, el ranking de los mayores evasores fiscales del mundo.
¿Compi yogui?
Rafael Cid
Zurita y la infanta Margarita junto a los Reyes en 2009 (Gtres)
Los Borbón y la familia griega de la Reina Sofía 
Jaime de Marichalar y la Reina Letizia en una imagen de archivo (Gtres)
